El lunes 11 de agosto, un grupo de ciudadanos avalado por el gobierno nacional presentó ante
La concentración venidera empieza por lo obvio. El Ejecutivo ejerce jerarquía sobre las Fuerzas Militares; controla los ministerios en un esquema gobierno-oposición; dirige al Congreso por medio de sus amplias mayorías. En las últimas elecciones regionales, los partidos de la coalición - salvo Bogotá, Santander y Atlántico – aferraron su control sobre las entidades territoriales, de todas formas muy dependientes de la cofinanciación nacional para sus grandes proyectos de inversión.
A este panorama se agrega una particularidad de estos días: el control sobre los medios de comunicación. No se trata de una burda toma de canales, estilo Correa o Chávez. Consiste en la instrumentalización de herramientas administrativas, no para doblegar o confiscar medios de comunicación, pero si para neutralizar la tentación de ciertas posiciones editoriales. Sutil y silenciosamente, el Gobierno tejió unas claras pero cuestionables mayorías en
Y esto no es un asunto de poca monta. Además de la discrecionalidad a la hora de decidir sobre el futuro de los dos canales privados - uno de ellos del mismo grupo que el Espectador - en la licitación del tercer canal participarán los principales medios restantes. Prisa (Caracol), Planeta (El Tiempo), CMI y los principales periódicos regionales ya son parte de la licitación.
Frente a este panorama, solo faltaría un intento de cooptación de la hoy independiente rama judicial. Y pareciera que esto es lo que busca la reforma judicial en borrador que anda rondando como un fantasma por los pasillos del Congreso.
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